Resumen:
El libro que entregamos a los lectores nace de una serie de inquietudes asociadas a la historia de Colombia, que despiertan voluntades, enconos, pasiones, sentimientos o sed de retaliación. Se suma el interés en producir documentos confiables que ayuden a la asunción de posiciones válidas, objetivas y consistentes, en procura de aportar hechos relativos a secuestros de personas en nuestro país, en la ruta de una memoria histórica que arroje una verdad soportada en realidades estudiadas. Pero, despojarse de prejuicios, dogmas, doctrinas o creencias es muy difícil, más aún, cuando cada cual cree tener la “verdad verdadera”, y la defiende a ultranza.
Adoptar una postura objetiva demanda mucho esfuerzo y sacrificio, porque hay intereses de todo tipo en juego. El advenimiento de las normas relacionadas con el conflicto armado colombiano y el posconflicto, genera una serie de optimismos y de críticas nocivas o sanas, en la sociedad colombiana y en observadores internacionales. Por ejemplo, tenemos la Ley 975 (Ley de Justicia y Paz), expedida en el primer mandato de Álvaro Uribe Vélez.
En una de las medidas consagradas en la precitada norma se encuentra lo siguiente: “ARTÍCULO 56. DEBER DE MEMORIA. El conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley deberá ser mantenido mediante procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a la preservación de la memoria histórica que corresponde al Estado”.
